Ciudad de México.- El 19 de enero, Hermelinda Silva Meléndez, jueza 25 de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó una sentencia condenatoria en contra de Abraham Torres Tranquilino, uno de los sujetos señalados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) de haber cometido el homicidio de Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa, el 31 de julio de 2015, en un departamento en la colonia Narvarte.
Nuevamente las familias y sus abogados han tenido que enterarse por los medios de comunicación, ya que las autoridades ministeriales y judiciales, no informaron debidamente a las víctimas, a pesar de que se ha acudido periódicamente al juzgado y se ha dado seguimiento permanente al caso. Incluso, ayer nos presentamos en el juzgado donde informaron que la próxima semana sería dictada la resolución. Este tipo de actuaciones ponen en entredicho la actuación de los órganos que imparten justicia en lo relativo a garantizar el debido proceso para las víctimas, la imparcialidad e independencia judiciales.
A pesar de no conocer el contenido íntegro de la sentencia, el anuncio hecho por la Procuraduría capitalina sobre el “logro” que les representa la condena de 315 años contra Abraham Torres Tranquilino, resulta fundamental para las familias y las organizaciones que les representan señalar lo siguiente:
1. Es una resolución que proviene de un juicio que hemos cuestionado, porque no se agotaron peritajes fundamentales para esclarecer el contexto de violencia de género en el caso de los feminicidios, ni tampoco lo relacionado a la labor de activismo realizado por Nadia Vera y al ejercicio de la libertad de expresión por parte de Rubén Espinosa, así como al posible vínculo del crimen con las amenazas que sufrieron Nadia y Rubén en el estado de Veracruz.
Es una resolución, que al no haber profundizado en estos elementos y al haberse limitado a la “verdad” construida por la PGJCDMX, violenta el derecho a la verdad de las víctimas, ya que no responden las dos principales preguntas de las familias y de la sociedad en general: ¿por qué fueron asesinadas con extrema crueldad éstas cinco personas?, ¿hubo más implicados en los hechos?
2. La jueza parece reproducir la versión sesgada de la Procuraduría, que pretende reducir este atroz crimen a una serie de eventos mecánicos: tres sujetos estuvieron en el departamento ubicado en la avenida Luz Saviñón, entre las 14:00 y 15:00 horas del 31 de julio de 2015, y sin ninguna motivación o causa aparente decidieron asesinar a las cinco personas, huyendo en un automóvil en mal estado y que fue abandonado ese día al sur de la ciudad, presuntamente llevándose la cantidad de 6 mil pesos.
3. La investigación del caso continúa, a pesar de la sentencia y de las eventuales sentencias que se dicten contra los otros dos coacusados. En la investigación que aún integra la PGJCDMX, en el desglose de la averiguación previa, hay por lo menos otros tres sujetos que las autoridades están intentando localizar y que pudieran estar relacionados con los hechos.
4. Para las familias de las víctimas y las organizaciones que les acompañamos, el caso continúa abierto y las autoridades capitalinas siguen teniendo la obligación de continuar con las indagatorias hasta no asegurar a las víctimas el derecho a la verdad, mediante el esclarecimiento de los verdaderos motivos y causas de este crimen. De la misma manera se debe garantizar una reparación integral a las víctimas, conforme a los más altos estándares de derechos humanos.
En este caso la jueza penal negó el derecho a la reparación de las víctimas “porque no tiene elementos para cuantificar el daño moral y los perjuicios” ocasionados. Consecuentemente, en los próximos días apelaremos dicha resolución, a efecto de que se garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, pero también buscando que se aseguren el derecho de la sociedad mexicana conocer realmente qué sucedió en el caso.
5. En los próximos días, nos han informado, será emitida la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la cual confiamos se pueda resumir puntualmente de las acciones pendientes por realizar en el caso, así como las violaciones que la autoridad ministerial cometió en la investigación desde los primeros momentos en agravio de las víctimas. (Comunicado).
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