¿Más “seguridad”? Mejor un buen gobierno

Exigir a los funcionarios el cumplimiento de la ley, es lo único que funcionará, no los botones de pánico que no sirven para nada

Contra asaltos, equipan combis en Neza con GPS y botón de pánico. Autoridades mexiquenses detallaron que [los conductores] podrán enviar una señal [al C4 de) la Policía Municipal para solicitar el apoyo, [en el supuesto que se dará] respuesta en máximo tres minutos. Dicha medida ocurre semanas después del asesinato de una menor en transporte público de la localidad.

(La Razón, 18 de julio 2017)

Los “botones de pánico” no han resultado […] útiles para evitar los asaltos a tiendas de conveniencia, farmacias y minisuper.

(El Siglo de Torreón, 20 de junio de 2017)

Botones de pánico sin señal, teléfonos emergencia que nadie contesta, patrullajes que no se hacen, cámaras que tardan meses en ser instaladas, nulo seguimiento de las investigaciones… así “funciona” el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

(Animal Político, 29 de julio de 2015)

Un botón de pánico es una forma de notificar a una central receptora (una instancia policíaca) lo que ocurre en el sitio donde se encuentra un dispositivo de intercomunicación, sea un lugar público (el poste de una calle) o privado (un comercio). Se parte del supuesto que las señales recibidas en la central merecen satisfacción prioritaria. Al recibir la señal, se entiende que la vida de alguien está en peligro. Si el sistema posee vídeo-verificación, se visualizará lo que ocurre y actuará en consecuencia.

En México, algunas ciudades cuentan con el sistema de botones de pánico, aunque se prefiera nombrarles como “de auxilio” (eufemismo confortador para referirse a lo mismo; porque cuando existen, esos dispositivos son usados por quien está lleno de pánico). La comunicación se da entre la persona que toca el botón y un despachador de esas instancias conocidas como C2, C4, C5, C4i4, etcétera, variantes abreviadas de denominaciones como “centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano”, o “centro de comando, control, comunicaciones, computo, inteligencia, integración, información e investigación”… ¡puf! Si la capacidad para enfrentar a la delincuencia fuera tan efectiva como la de inventar nombres pomposos e ingentes, el país sería otra cosa.

Parece que bajo ese sistema la seguridad pública está garantizada. Sin embargo, los hechos dejan ver que no es así. No solamente porque tales equipamientos se limitan a determinados sectores de zonas urbanas, o porque la ciudadanía desconozca o haga mal uso de ellos, sino sobre todo porque la autoridad raramente responde con prontitud y efectividad. Al final, lo único importante (que se salve al solicitante y atrape al delincuente), sucede a cuentagotas.

Pese a botones de auxilio, esquemas de llamadas a números telefónicos como el “911”, patrullaje de fuerzas policíacas, retenes, o vigilancia militar, la realidad nos dice que desde hace tiempo la seguridad pública ha cedido su lugar a la inseguridad; al pulular de infinidad de bandas delincuenciales y al reinado del crimen organizado. En el extremo, a la ejecución de delitos por las mismas fuerzas policíacas o castrenses que dicen estar ahí para servir y proteger a la población. Por caso, recientemente se cumplieron cinco años de la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México (otro rebuscado nombre), con resultados conocidos nacional e internacionalmente: los ataques a comunicadores y defensores de derechos humanos se han incrementado terriblemente.

Una primera pregunta es por qué los ciudadanos tenemos que vivir en zozobra constante, temerosos de desplazarnos por cualquier calle y ser asaltados, golpeados o hasta asesinados, por sujetos que van por la vida con total impunidad sabiendo que difícilmente serán sometidos (vinculados, se dice hoy) a proceso. Una segunda pregunta es qué diablos hace la autoridad aparte de dilapidar el erario en parafernalia que a la hora de la hora resulta inútil. Es patente que los propósitos gubernamentales, las políticas públicas, y la asignación de presupuesto, han sido estériles porque se han concentrado en la seguridad (más bien, la inseguridad) y han olvidado objetivos tal vez más importantes para una sociedad tan carente de casi todo. En este contexto, los gobernantes deben decirnos dónde han ido a parar las promesas de brindar mejores servicios de salud, educación, y generación de empleos.

Si esos aspectos han sido soslayados, ¿qué puede esperarse de una sociedad desposeída en su mayoría de las necesidades más elementales, carente de expectativa de un futuro de bienestar, mientras esos gobernantes viven como reyes? Simple y llanamente, lo que hoy vivimos; la informalidad, la anarquía y la delincuencia son puertas de escape naturales.

La visión neoliberal, en versión por demás turbia y corrompida, ha dado al traste con la agenda social y el desarrollo nacional. En las cúpulas de poder no existe quien entienda que en lugar de “botones de auxilio”, “novecientos onces” y demás febriles ideas, los mexicanos deseamos una vida pacífica, de trabajo y progreso, con autoridades honestas y comprometidas al interés general. La política de combate a la inseguridad seguirá fracasando si no se acompaña de otras que atiendan y solucionen los problemas profundos de pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad. Es claro que, si seguimos bajo un régimen como el actual, las cosas nunca serán distintas. La ciudadanía consciente de México (que la hay en buen número) no puede darse el lujo de volver a equivocarse. Pronto habrá otra oportunidad… una más.

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