Por Francisco Domínguez Canseco/
En esta primera, entrega a Plumas Libres, abordaremos nuevamente el tema de las policías municipales. Antes hemos reflexionado sobre las policías comunitarias y la obligación legal de los gobiernos municipales, ahora tan devaluados por lo alejados de sus gobernados y tan cerca a los interés económicos y empresariales.
De acuerdo con el artículo 115 de nuestra carta magna cada municipio en nuestro país es gobernado por un ayuntamiento, dicho artículo también establece que no habrá autoridad intermedia alguna entre éste gobierno y el gobierno del Estado. Y define que el ayuntamiento tiene a su cargo la seguridad pública, la policía preventiva municipal y tránsito. En el artículo 21 se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, y comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. La tradición autoritaria de los gobiernos priistas no ha reconocido los principios establecidos en nuestra ley máxima, se ha subordinado a los gobiernos municipales a las políticas de seguridad pública que niegan o desconocen las causas sociales que genera las violencias, la delincuencia y la inseguridad humana. Esas causas sociales se asocian al machismo, la pobreza, la violencia de género, la corrupción gubernamental, la narco/política, la impunidad y la no impartición de justicia, el desempleo y bajos salarios, la migración y la desintegración de las familias. El discurso gubernamental se centra la obsoleta idea de policías y ladrones, y sus políticas públicas encausan el gasto de manera intencionada en la compra de equipo, aparatos, armamento, uniformes para los cuerpos de seguridad, que permite negocios al amparo del poder y del dinero público, le apuesta a erradicar las causas sociales de la inseguridad humana.
II
Nuestra constitución define en el artículo 21, ya citado, que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Lo establecido en nuestra carta magna no ha sido cumplido en el país ni Veracruz, los resultados de la gestión pública realizada en el gobierno de Javier Duarte en materia de seguridad humana, procuración de justicia y prevención del delito fueron un fracaso que ha generado miles de muertes y desaparecidos. Actualmente se ventilan los actos de corrupción de la secretaria estatal de seguridad pública, sin tocar los actos del anterior fiscal del estado, por violaciones de derechos humanos, corrupción y fomento a la impunidad en la impartición de justicia. El gobierno de Duarte desvió recursos públicos destinados a la prevención del delito, mejoramiento de los aparatos de impartición de justicia y se burló las víctimas de la violencia y de los familiares de desaparecidos, manipulo las cifras de feminicidios, manipulo los casos de asesinatos de periodista y criminalizo al gremio de periodistas independientes.
II
El gobierno de la alternancia se comprometió, en campaña, a respetar y fortalecer la autonomía municipal y a establecer mecanismo claros de coordinación intermunicipal para la mejor en la prestación de los servicios públicos municipales, incluido el de seguridad humana; su compromiso era respetar las leyes, ya que artículo 115, aquí citado, establece que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos, que tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación del Congreso estatal.
En febrero del año en curso, anuncio el gobernador desaparecerían 23 mandos únicos del estado y sé que volverían a establecer las policías municipales e intermunicipales, ya que y según su análisis, su desaparición contribuyó al incremento de la delincuencia. Además, se comprometió a presenta un programa para la creación de las policías municipales.
También expreso al respecto “mi compromiso es que tendremos policías intermunicipales o policías municipales en su caso, que funcionen adecuadamente, con buenos elementos, bien capacitados, sometidos a exámenes de control de confianza, en coordinación con las autoridades federales… ya estamos trabajando, para que venga a restablecerse la seguridad”. Ese fue el compromiso, ahora y de acuerdo con la información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) en siete meses del 2017 había 1 mil 200 casos de desaparecidos en nuestro estado (E-consulta), que corresponde al primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. En el mismo mes la FGE informó que había 3 mil 600 denuncias de desapariciones, que corresponde los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, de los años 2006 al 2016, sexenios que se caracterizado por la corrupción, la inseguridad y las violencias. La información disponible nos dice que la política de seguridad pública, así le llaman, del gobierno estatal anterior y del actual gobierno estatal es un rotundo fracaso, las cifras disponibles no miente.
III
Los gobiernos municipales carecen de capacidad, científica, financiera, organizativa y técnica para enfrentar las causas sociales que genera las violencias, la delincuencia y la inseguridad humana. La contención y erradicación de los problemas que genera la inseguridad humana requieren de un cambio la política de seguridad pública implementada por el gobierno federal y estatal de Veracruz. Se demanda implementar una política de prevención de la inseguridad humana que atienda las causas sociales que la origina, y como sabemos, entre las causas se ubican los cuerpos de seguridad de los gobiernos y las instituciones de procuración de justicia; es urgente que de manera coordinada y consensada los tres ámbitos de gobierno (municipal, estatal y federal) establezca un nuevo contrato social con la ciudadanía municipal para trabajar juntos en programas de largo aliento ciudadano que permitan en el corto plazo contener los problemas generados por la inseguridad humana y largo plazo su erradicación. Por ello es pertinente preguntar: ¿Existen secretas intenciones al pretender entregar las policías a los municipios debilitados por la inseguridad, deuda, corrupción y rezago social creciente? ¿La creación de las policías metropolitanas es una estrategia de seguridad humana o sólo es la acción política electoral, que no incluye la zona metropolitana de Xalapa? Usted que opina amable lector o lectora.
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