Por Miguel Angel León y José Ignacio de Alba/
Playa Vicente, Ver.- (Pie de Página). La Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para fincar responsabilidades en actos de delincuencia organizada a los ocho policías estatales detenidos por la desaparición forzada de 5 jóvenes en Tierra Blanca. Con esa medida, advierte el abogado de las víctimas, Celestino Espinosa Rivera, los policías que hace un año detuvieron y entregaron a los muchachos a una célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación podían quedar libres.
Mediante un acuerdo firmado por el Ministerio Público de la Federación, dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/VER/II/46/2016, la PGR argumentó que el contenido proporcionado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz únicamente se desprende “la comisión de delitos del orden local”. Eso significa que los ex policías, entre ellos el ex subdelegado regional de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Conde, no serán investigados por delitos federales.
Los padres de los cinco jóvenes desaparecidos presentaron un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito, Boca del Río, Veracruz (expediente número 1301/2016), en contra de la resolución de la PGR, al considerar que no fueron considerados los hallazgos del Limón, donde se localizaron los restos de dos de los cinco muchachos.
“No sé qué más pruebas necesitan. Creímos que con nuestro caso los responsables recibirían un castigo ejemplar y la situación en Tierra Blanca se iba a amainar. Sin embargo, parece que la PGR se está olvidando de nosotros”, dijo a Pie de Página Bernardo Benítez, padre de uno de los dos muchachos cuyos restos fueron identificados.
En enero de 2016, 5 jóvenes que regresaban de pasar un fin de semana en el Puerto de Veracruz fueron detenidos por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca, al sur del estado; de acuerdo con las investigaciones judiciales, los policías los entregaron a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación que los habría asesinado en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, donde fueron hallados unos 8 mil restos humanos y diversos objetos utilizados para el robo de combustible.
El caso de estos 5 jóvenes, originarios del municipio de Playa Vicente, abrió la caja de pandora de las desapariciones forzadas en Veracruz y puso en los reflectores de la agenda nacional a la policía estatal, señalada por muchas víctimas como aliada del cartel de los Zetas, primero, y hoy del Cartel de Jalisco Nueva Generación.
En el rancho El Limón (el de Tlalixcoyan) la Gendarmería encontró un pedazo de hueso de Bernardo Benítez Arroniz y gotas de sangre de Luis Alfredo González Díaz, dos de los 5 jóvenes de Playa Vicente, y de otras 6 familias. Los demás restos encontrados, pertenecientes a 300 o 400 personas, no pudieron ser identificados por el estado de descomposición que tenían. El propio subdirector de derechos humanos de la secretaría de gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que la desaparición de cuerpos en ese rancho era sistemática desde varios años atrás.
Por el caso de los 5 jóvenes hay 21 detenidos: 13 civiles, acusados de ser parte de una célula del cártel, y 8 policías estatales, entre ellos Marcos Conde, quien era el subdelegado regional de la Secretaría de Seguridad Pública y que es señalado por muchas víctimas como el operador de las desapariciones forzadas en Veracruz en los últimos años.
Pero nada de eso fue considerado por la PGR como delincuencia organizada. Tampoco consideró que en el rancho fueron recuperados tres automóviles reportados como robados; así como vehículos automotores de carga, válvulas, abrazaderas, tanques con restos de diésel y demás implementos empleados en el robo de hidrocarburos. Ni la declaración ante la Fiscalía estatal (asentada en la Carpeta de Investigación 27/2016) de tres de los civiles detenidos, quienes además de presentarse como integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), describieron una presunta alianza con “Los Estuches”, como se referían a los policías estatales.
“Al rancho El Limón, llegaba a quien le apodaban ‘Conde’ acompañado de cinco o seis policías estatales que se trasladaban en patrullas de la SSP. Había ocasiones que llegaban en vehículos particulares. Nos llevaban a personas que ellos mismos levantaban; nos decían que eran ‘efectivos’ y ya después eran ejecutados por ‘El Flaco’”, dice uno de los detenidos en el documento.
De acuerdo con el declarante, los “becerros”, o también llamados “paquetes”, eran presuntos vendedores de droga, secuestradores, violadores o elementos de diferentes células delictivas.
El segundo testimonio da otros detalles de la operación: “‘El Kuini’ era el encargado del grupo, él nos avisaba cuando íbamos a tener visita de ‘Los Estuches’, quienes llevaban a ‘los becerros’ (las víctimas). La Estatal la lleva con el Cártel de Jalisco Nuevo Generación, al que yo pertenezco”.
El tercer detenido confirma la relación con la policía a cargo de Conde: “yo nunca conocí a quienes le hacían de halcones, lo que sé es que con la Policía Estatal de Tierra Blanca no había problema alguno; los llamábamos ‘Los Estuches’”.
De Tierra Blanca a Colinas de Santa Fe
Nueve meses después de la desaparición de los 5 jóvenes en Tierra Blanca, el Colectivo Solecito de Veracruz, formado por familiares de desaparecidos, encontró en la colonia Colinas de Santa Fe un terreno donde hasta hoy han sido hallados más de 160 cráneos y restos óseos humanos.
Este martes 17 de enero, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Servicios Periciales concluyeron algunas muestras de ADN de esos restos y anunciaron que dos de esos cráneos dieron “positivo” en los exámenes genéticos del exagente del Ministerio Público Especializado y adscrito al programa Veracruz Seguro, Pedro Huesca Barradas y de su oficial, Gerardo Montiel Hernández.
Los dos habían desaparecido en 15 de abril del 2013 en el zócalo de Cardel, un municipio cercano al puerto de Veracruz. Según las versiones recopiladas por la prensa entonces, a Huesca Barradas se lo llevó una patrulla de las fuerzas de élite de la policía estatal; Gerardo Montiel, su Oficial Secretario, denunció los hechos a una patrulla de la policía municipal, a quienes les gritó: “¡se están llevando a mi jefe!”; los oficiales le contestaron: “súbete, vamos a seguirlos” y luego los dos desaparecieron.
En ese mismo año y en esa misma zona desaparecieron también 8 policías municipales, tres empleados de Protección Civil, 8 jóvenes en una cancha y el reportero Sergio Landa Rosado. La policía estatal era comandada entonces por Arturo Bermúdez Zurita y uno de sus hombres de confianza asignado a esa zona era Marcos Conde, el oficial detenido ahora por la desaparición de los 5 jóvenes de Playa Vicente.
La PGR no sólo se declaró incompetente en el caso de éstos jóvenes. Tampoco ha entregado a los familiares las evidencias recolectadas en la carpeta de investigación con la cual se demostrará ante el juez la responsabilidad de los 21 detenidos por el caso. Y no hay una condena a los responsables.
“Nosotros quisiéramos que ya acabara todo esto”, dice Bernardo Benítez.
En los medios nacionales, la persecución pública del gobernador Javier Duarte por la corrupción de su administración continúa, pero nada se dice de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo su cargo.
Los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, -el segundo caso de desaparición forzada más emblemático del país después de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero-, comienza a caer en el olvido.
los esperare